El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife aplaude todos los esfuerzos del Gobierno de Canarias en materia de vivienda y en favor de las familias más vulnerables, pero quiere llamar la atención sobre lo urgente que es hacer efectivo el pago de las ayudas previstas.
Transcurridos siete meses desde que el pasado 8 de mayo el Instituto Canario de la Vivienda abrió el plazo de la convocatoria de ayudas “urgentes” por la COVID-19, según las informaciones publicadas solo se ha efectuado el pago de unas 120 solicitudes, de un total de que podría superar las 20.000.
Nuestra posición es la de estar al lado de las familias que claman ya por esta ayuda. Pero, como gestores de la viviendas, queremos ser también la voz de quienes necesitan de este pago por ser pequeños propietarios que están viendo comprometidos sus ingresos y pueden verse también en situación de vulnerabilidad.
En Canarias, muchas familias han invertido históricamente sus ahorros para tener una propiedad que sirva de respaldo económico, o bien pensando en el futuro y en sus hijos. En estos momentos, nos encontramos con que muchas de estas familias que requieren del pago del alquiler para mantener sus propia economía no pueden cobrar este ingreso porque sus arrendados no pueden asumir el alquiler debido a situaciones derivadas de la pandemia.
Este escenario se está viendo agravado en la medida en que los ahorros de las familias se van consumiendo por el tiempo transcurrido sin este apoyo, mientras que personas que aspiran a cambiarse a un piso más económico por no poder asumir el alquiler del actual, no pueden hacerlo por la falta de garantías económicas para el nuevo contrato.
Sirva esta llamada de atención, por tanto, para alertar de una situación realmente preocupante que está derivando en la ruina de muchas familias y el deterioro de muchas otras pequeñas economías en el sector del alquiler.
Además, esto apunta a impagos en las comunidades por la necesidad de atender otras prioridades, mientras que las familias tendrán que permanecer en los inmuebles, por no haber otra alternativa de vivienda pública que, en ningún caso solventaría, salvo con las ayudas anunciadas, la situación actual de miles de familias canarias.
