La entidad remite un informe al Gobierno regional y los ayuntamientos afectados, pidiendo su colaboración y la coordinación para facilitar las medidas de confinamiento ante estas situaciones de exclusión residencial durante la crisis del Covid-19.

Tras la declaración del Estado de Alarma en nuestro país, y ante el aumento del impacto e incidencia del Coronavirus (Covid-19), Cáritas Diocesana de Tenerife puso en marcha una serie de medidas extraordinarias destinadas a garantizar la atención de los colectivos de mayor vulnerabilidad. El espíritu general de estas medidas pretende reforzar nuestra misión de atender, acoger y escuchar a los últimos y no atendidos, velando por su atención y cuidado.

Uno de los colectivos más afectados por la actual pandemia es el de las personas en situación de sin hogar. Y en concreto, desde nuestra entidad estamos acompañando estos días a cerca de medio millar de personas que viven en “viviendas inseguras” en distintas zonas del Norte y Sur de la Isla. Hablamos de personas que residen en chabolas de plástico y madera, en antiguos edificios (algunos con aluminosis) medio derrumbados, en fábricas abandonadas, en cuevas, en situación de hacinamiento, en la calle, en centros de acogida y en recursos de emergencia que se han ido creando gracias a la solidaridad de muchas personas e instituciones.

En este sentido, desde Cáritas Diocesana de Tenerife recordamos que la Relatora Especial de Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada (con la que estamos manteniendo una interlocución permanente, así como con las Relatorías especiales de Extrema Pobreza y Derechos Humanos y de Agua y Saneamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos) hacía recomendaciones al inicio de la crisis del Covid-19 a los Estados miembros respecto a la situación actual, desde una premisa fundamental: “La vivienda es la primera línea de defensa contra el coronavirus”; así, se instaba a las Administraciones a que tomasen medidas extraordinarias para garantizar el derecho a la vivienda, para que estas personas puedan protegerse contra la pandemia”. Como mínimo, la Relatora hablaba de “garantizar la protección de las personas que viven en la calle o en vivienda extremadamente inadecuadas e inseguras”.

Por este motivo, Cáritas Diocesana de Tenerife ha enviado un informe a la Viceconsejería y la Dirección General de Derechos Sociales, a la Subdelegación de Gobierno, a la Presidencia de la FECAM y al Diputado del Común, así como un mapeo sobre los lugares con situaciones de vivienda inadecuada detectados por nuestros equipos técnicos en el Norte y Sur de la isla de Tenerife, además de un documento de propuestas para facilitar las medidas de confinamiento ante estas situaciones de exclusión residencial durante la crisis del Covid-19.

Esta información también ha sido enviada a los ayuntamientos con mayor población en situación de sin hogar, como Arona, Adeje, Granadilla de Abona y Puerto de la Cruz, siendo este el único que hasta la fecha ha establecido una estrategia de intervención conjunta con nosotros.

En los citados documentos remitidos a las distintas administraciones, Cáritas Diocesana de Tenerife sugiere las siguientes propuestas para paliar esta situación:

– El establecimiento de forma urgente de espacios de coordinación entre Administraciones Públicas y agentes de la sociedad civil.

– La coordinación, implementación y seguimiento de las medidas por parte de los Servicios Sociales de los ayuntamientos implicados.

– Seguir implementando y potenciando la habilitación de espacios de realojo a personas en situación de calle.

En el caso de las infraviviendas y asentamientos informales, entendemos que es necesario el “abastecimiento permanente de kits de agua potable, alimentos (comida caliente de forma cíclica y temporal) y medidas sanitarias de prevención del Covid-19, con la tutela y coordinación del Ministerio de Defensa (unidades sanitarias especializadas).

De igual modo, y dada la especial situación de vulnerabilidad del colectivo, entendemos que se les debe facilitar alojamientos adecuados a los que quieran ser trasladados, con especial seguimiento a las situaciones previas de vulnerabilidad, acompañadas por las entidades sociales y los Servicios Sociales.

Cáritas Diocesana de Tenerife deja claro que “no se puede perder la mirada poscrisis y las situaciones que pueden darse al finalizar la emergencia”. Por eso, “solicitamos que se vayan incorporando urgentemente durante estas semanas viviendas como una alternativa real para gran parte de las personas que se encuentran en espacios dotados como solución de emergencia, dando preferencia a grupos vulnerables, como mujeres, personas mayores de 55 años, personas con problemática de salud mental, etc.

“Es esencial ir contando con la información necesaria sobre los datos de atención y plazas de acogida temporal que se han generado durante el Estado de Alarma, para así poder disponer de un diagnóstico de situación y características de las personas y familias, para la futura asunción de políticas de acceso a una vivienda social”. Y es necesario “garantizar el acceso a Derechos Humanos durante la transición del Estado de Alarma a su normalización, en materia de salud, vivienda y protección social”.

Cáritas Diocesana de Tenerife cuenta con Unidades Móviles de Atención en Calle (UMAC) en el Norte y Sur de Tenerife y en la isla de La Palma, que continúan cubriendo las necesidades básicas del colectivo de personas en situación de sin hogar. Con la inestimable ayuda de algunas comunidades parroquiales, sacerdotes y personas voluntarias, se están entregando kits de higiene, alimentos, mantas y sacos de dormir, así como agua potable.

De igual modo, se mantienen abiertos nuestros seis recursos alojativos para personas en situación de sin hogar, ampliando horarios y equipos técnicos en algunos de ellos, que hasta ahora no tenían cobertura total, y se ha abierto uno nuevo para abordar la emergencia del Covid-19 en el Puerto de la Cruz.

Por otro lado, entre las propuestas urgentes que Cáritas trasladó al Gobierno en los primeros días tras la declaración del Estado de Alarma, para garantizar los derechos de las personas vulnerables más expuestas ante los efectos del COVID-19, se incluía la necesidad, largamente reclamada, de garantizar un sistema de ingresos mínimos como última red de protección social de las personas y familias más empobrecidas.

Cáritas aboga por establecer este ingreso mínimo garantizado, con una cobertura mínima equivalente en todo el territorio del Estado y que sea capaz de llegar a las familias que, por efecto de esta crisis, se incorporan a la pobreza y a la exclusión social, y que se enfrentan al riesgo añadido de que su situación se agrave y se cronifique en el futuro más inmediato.