Las playas de Tenerife están sistemáticamente contaminadas por la fuerte presión humana que sufren. Por eso esta mañana hemos clausurado de forma simbólica tres playas en la isla, con balizas y carteles en los que se podía leer “Playa contaminada por urbanismo salvaje” o “La playa no es una cloaca”. Pedimos así a las administraciones que actúen ya, realizando una correcta depuración del 100% de las aguas residuales que se vierten al mar y poniendo fin a la contaminación de playas y ecosistemas marinos.
Esta forma de protesta no es casual: las administraciones ya cierran las playas de forma recurrente desde hace años debido a los elevados niveles de contaminación, ya sea por la presencia de microorganismos potencialmente tóxicos como E. coli o cianobacterias, o por derrames de combustibles. Pero los ecosistemas costeros, las playas y las especies que en ellas habitan no pueden escapar a las consecuencias de la contaminación.
Las playas sobre las que hemos puesto el foco hoy son las de La Tejita y El Médano (en Granadilla de Abona) y Valle de Güímar (en Candelaria). Estas, como el resto de playas canarias, son unas de las más visitadas de toda España por su enorme belleza, pero sufren contaminación recurrente, ya sea por vertidos de aguas residuales o por fugas de tuberías de combustible que abastecen las islas.
Debido al tremendo incremento de construcciones humanas (viviendas, hoteles, polígonos industriales e infraestructuras), no hay suficientes sistemas de saneamiento para depurar la enorme cantidad de agua que se consume por el gran aumento de la población, especialmente en el periodo vacacional. Estas construcciones también requieren de ser abastecidas con combustibles fósiles, que llegan a las islas mediante tuberías instaladas muchas veces en frágiles entornos naturales y que presentan importantes riesgos de vertidos.
Según datos del Gobierno canario, el archipiélago cuenta en la actualidad con un total de 394 vertidos de aguas al mar. De ellos 277 no están autorizados, es decir, vierten agua no depurada. Además un total de 69 vertidos van directamente a playas de baño. Solo en Tenerife hay un total de 172 vertidos, de los cuales 113 no están autorizados.
Los vertidos de aguas residuales sin depurar son ilegales, tal y como ha sentenciado el Parlamento Europeo, y suponen un riesgo para los ecosistemas marinos y la salud de la población. España ya fue denunciada ante la Comisión Europea en 2011 porque 43 municipios de más de 15.000 habitantes no cumplían con la normativa europea de depuración de aguas que entró en vigor en el año 2000. En 2018 siguen quedando nueve municipios sin cumplir la normativa, por lo que han recibido una multa de 12 millones de euros que se ampliará con 11 millones más por cada seis meses de retraso que tarden en cumplirla. Entre los municipios que incumplen a día de hoy se encuentra el Valle del Güimar, que aunque ya ha empezado la fase I de las obras para construir la depuradora, hasta que complete la fase II no tendrá la capacidad para depurar correctamente la totalidad de las aguas de vertido. Según el Gobierno central, la plena ejecución de la sentencia no se producirá antes de 2019, es decir, con un retraso de 18 años sobre el plazo fijado en la Directiva (el 31 de diciembre de 2000).
La riqueza natural de las Islas Canarias y la belleza de sus playas es la base de su desarrollo económico, por ello es imprescindible su sostenibilidad a largo plazo. Un modelo de desarrollo basado en la conservación es el mejor medio para asegurar su futuro. El freno a la urbanización desbocada, apostar por un turismo sostenible y la depuración de las aguas han de ser prioridades políticas.
