Esta organización sindical indica al Gobierno canario que no hay mejor forma de acabar con la pobreza y la malnutrición que crear políticas eficaces de empleo.
UGT Canarias sospecha que tras el impuesto a los productos azucarados que planea instaurar el Ejecutivo canario, se esconde la intención de establecer nuevas medidas fiscales para favorecer a los empresarios. Entre ellas se sitúa la disminución del IGIC turístico, una reivindicación histórica de las patronales. Para Gustavo Santana, secretario general de la UGT en las Islas, “gravar los refrescos y la bollería podría buscar compensar el descenso en la recaudación que provocarían las mejoras fiscales para los empresarios”.
Además, la central sindical recuerda que el actual IGIC no ha sido impedimento para que Canarias continúe batiendo récord de ocupación y supere, año tras año, todas las expectativas. Algo que lamentablemente no tiene un efecto directo en el empleo o en la mejora de las condiciones laborales, pero si en los casos de explotación.
El máximo dirigente del sindicato en el Archipiélago considera que “la medida anunciada por la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Rosa Dávila, solo tiene un afán recaudatorio, ya que no va acompañado de otras políticas para la promoción de la salud”. Santana añade que “no hay mejor política sanitaria y que luche directamente contra la malnutrición, que un plan eficaz de empleo y la garantía en las empresas de que se cumplen los convenios colectivos”.
Los trabajadores, los grandes perjudicados
El Gobierno canario se oculta tras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus recomendaciones, para justificar una medida meramente económica, dentro de un plan elaborado de favorecimiento a los empresarios. “Las clases trabajadoras son las grandes perjudicadas de toda la política fiscal del Ejecutivo y auguramos que esta medida no tendrá efecto alguno sobre la salud de los canarios”, confirma Santana.
Asimismo, el secretario general de la UGT Canarias recuerda que desde el Gobierno canario se prometió acometer una reforma fiscal que se negociaría con los sindicatos y con el resto de actores implicados. “Sin embargo, nos sorprenden ahora con esta medida que ni siquiera se nos ha consultado, lo que supone una nueva falta de respecto a los representantes legítimos de los trabajadores canarios”.
