Canarias | Los fisioterapeutas muestran su apoyo a las demandas de los inspectores sanitarios

Santiago Sánchez durante una reciente charla en el IES José Zerpa.

La escasez de personal y medios en la inspección del Servicio Canario de la Salud facilitan el intrusismo profesional, uno de los principales caballos de batalla del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias.

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias muestra su apoyo a las demandas de los técnicos inspectores sanitarios del Servicio Canario de Salud (SCS), quienes en estos días denunciaron la situación de precariedad laboral en la que trabajan y en la que no pueden dar un servicio adecuado para asegurar que la sanidad canaria cumple con los mínimos necesarios.

Para los fisioterapeutas, la escasez de inspectores es especialmente perjudicial para el colectivo, ya que una de las principales funciones que realizan estos técnicos es la del control del intrusismo profesional en centros privados, así como el análisis de la publicidad sanitaria con el fin de evitar la divulgación de mensajes que puedan resultar ilegales o generar riesgos para la salud.

En determinados supuestos, la publicidad que se difunde puede ser sobre técnicas o métodos terapéuticos que son aplicados por quienes no son profesionales sanitarios, sobre pseudoterapias o ilustrando sobre abordajes terapéuticos a público en general (muchas veces sin especificar que dichas enseñanzas no habilitan para el ejercicio de una profesión sanitaria si no se posee la titulación necesaria). De ahí que la inspección debe velar por si en estos casos se cumplen los requisitos de veracidad establecidos por la ley, ya que los mensajes pueden confundir a muchas personas y no ser inocuos desde la perspectiva sanitaria.

En este sentido, las medidas a adoptar por estos inspectores en el Archipiélago pueden llegar a actuaciones cautelares, como el cierre de centros o la prohibición de actuación sanitaria. Sin embargo, en ocasiones su necesario desempeño, además de por su precariedad laboral, se ve dificultado por la falta de una regulación legal que desde los colegios profesionales se lleva años reclamando.

Cabe recordar que en el año 2015 se aprobó por todos los grupos con representación parlamentaria una Proposición No de Ley (PNL) sobre publicidad sanitaria, la 9L/PNL-0040, promovida por los dos colegios de dentistas de Canarias y apoyada por el resto de colegios profesionales sanitarios con diversas aportaciones, estando aún a la espera de su desarrollo, implantación y aplicación.

El presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas, Santiago Sánchez, defiende pues la necesidad de que se adopten medidas eficaces por parte de la Consejería de Sanidad y del SCS para proteger a este colectivo, de forma que trabajen con las herramientas suficientes para desarrollar apropiadamente sus tareas, ya que se han dado casos de denuncias administrativas interpuestas desde el Colegio que a veces no han llegado a sanción o no han derivado en el abandono del ejercicio de una actividad ilegal.

Hay que destacar que en todo el Archipiélago ahora mismo operan 125 técnicos inspectores de Salud Pública, número muy parecido al que había en 1982, sin que la plantilla se haya reforzado al ritmo que lo han hecho los servicios sanitarios para adaptarse al crecimiento de la población en el Archipiélago.

Han sido varios los intentos que ha llevado a cabo este colectivo de técnicos para llegar a un acuerdo con el SCS, aunque por el momento no se hayan propiciado avances en las mejoras que desde hace 5 años el colectivo solicita, por lo que desde el COFC se espera que en las reuniones próximas que se han concertado para tratar de solucionar el conflicto se pueda avanzar de forma positiva en la búsqueda de un marco jurídico adecuado y en la mejora de las condiciones laborales de la plantilla de técnicos de inspección sanitaria.

 

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